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La Ley para un País Seguro
y una Inmigración Ordenada de 2005
(S. 1033 y la H.R. 2330)
¿Quiénes son los
promotores y co-patrocinadores de la legislación?
Los
principales patrocinadores en el Senado de los E.U. son el Senador John
McCain (R-Arizona) y el Senador Edward M. Kennedy (D-Mass.).
Los co-patrocinadores al momento de elaborar
este escrito son Senador Ken Salazar (D-Colorado), Senador Lindsey
Graham (R- Carolina del Sur), Senador Joseph Lieberman (D-Conn.) y el
Senador Sam Brownback (R-Kansas).
Los principales patrocinadores en la Cámara de
Representantes son los Representantes Jim Kolbe (R-Arizona), Jeff Flake
(R-Arizona), y Luis Gutierrez (D-Illinois).
Los co-patrocinadores en la Cámara son los
representantes Joseph Crowley (D-NY), Artur Davis (D-Al), Mario Diaz
Balart (R-Fla.), Jane Harman (D-Cal.), Ray LaHood (D-Il.), Ed Pastor (D-Az),
Ralph Regula (R-Oh), Paul Ryan (Wi.), Henry Cuellar (D-Tx), Lincoln Diaz
Balart (R-Fl.), Vernon Ehlers (R-Mi.), Mike Honda (D-Ca.), Grace
Napolitano (D-Ca.), Nancy Pelosi (D-Ca.), Illeana Ros-Lehtinen (R-Fl.),
y el representante James T. Walsh (R-NY).
La S. 1033 y la H.R. 2330 son iniciativas
compañeras idénticas en el Senado y en la Cámara.
¿Qué tanto se apega esta legislación a los
principios delineados por los obispos de los E.U. para una reforma
migratoria?
En la carta
pastoral, Juntos en el camino de la esperanza:
Ya no somos extranjeros,
los obispos de E.U. y México hicieron un llamado
para una reforma migratoria que incluye los siguientes principios:
(1) legalización para los indocumentados,
sin importar el país de origen; (2). Reforma al sistema de preferencia
familiar con el objeto de reducir el retraso en la reunificación
familiar; (3). Un programa de trabajadores temporales que incluya
protecciones laborales y niveles de salario apropiados, y (4).
Reposición de audiencias de proceso imparcial para inmigrantes.
La carta también hace un llamado para
desarrollar políticas que combatan los factores que provocan la
migración.
Esta legislación
contiene la mayoría de los elementos considerados en los cuatro
principios articulados por los obispos.
El programa propuesto, denominado H 5-B, da a los
trabajadores indocumentados que han trabajado en los Estados Unidos la
oportunidad para obtener una visa temporal para trabajar de manera legal
en el país. Después
de seis años de trabajo, el trabajador puede solicitar su residencia
permanente y, si lo prefieren, continuar con el proceso de
naturalización cinco años más tarde.
La legislación
también exenta a los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses
del límite anual de 480,000 visas para familias e incrementa el
porcentaje de visas permitido por país cada año de 7 % a 10% de las
solicitudes hechas. De
acuerdo a los diseñadores de la iniciativa, para el año 2008 se
terminaría la acumulación de casos que existe en la categoría Familiar
inmediato de residente permanente (2A) y para el año 2011se eliminaría
la acumulación para el resto de las categorías (hermanos, hermanas,
hijos adultos).
El programa
propuesto de trabajadores temporales, o programa H 5-A, permite a los
trabajadores del exterior solicitar una visa temporal para trabajar de
manera legal en el país.
Pueden trabajar con cualquier empleador que deseen,
pero para poder entrar al país, deben tener una oferta de trabajo previa
de un empleador. A
los empleadores se les exige que den a los trabajadores que posean una
visa H-5A los mismos salarios, beneficios y protecciones que tienen los
trabajadores de E.U. y por otro lado, se penaliza a aquellos que
intenten contratar trabajadores indocumentados.
Los miembros de las familias podrán
permanecer juntos.
A pesar de que la
legislación no atiende el problema de la reposición de audiencias de
proceso imparcial que eliminarían la prohibición de 3 y 10 años para ser
readmitido después de haber estado indocumentado, desiste de aplicar
estas "ofensas", de manera que los trabajadores previamente
indocumentados pueden participar en el programa.
¿Apoyan los obispos católicos de E.U. esta
legislación?
En una
declaración hecha el 19 de julio de 2005, el Obispo Gerald Barnes de San
Bernardino, presidente del Comité sobre Inmigración de la USCCB
(Conferencia de Obispos Católicos de E.U. por sus siglas en inglés),
confirmó el apoyo de este grupo a la legislación.
Agregó que la USCCB trabajaría para agregar
otras disposiciones que cree importante que se integren a la iniciativa,
como ciertas protecciones adicionales para los trabajadores inscritos en
el programa de trabajadores temporales.
También urgió al
Congreso a participar de una manera civilizada en el debate sobre la
reforma migratoria para que pueda promulgarse una legislación
bipartidista e integral.
¿En qué ayudará la Ley para un País Seguro y una
Inmigración Ordenada a reparar el ineficiente sistema de inmigración,
frenar la inmigración no autorizada y terminar con el alto número de
muertes en el desierto?
La legislación
considera tanto a los inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos
como a aquellos que pueden venir en el futuro, ya sea por trabajo o por
razones familiares, dos de las principales razones para inmigrar.
El propuesto programa H-5B permite a un
trabajador que ha laborado con anterioridad en los Estados Unidos
participar en el programa sin tener que regresar a su país de origen.
Actualmente, hay entre 8 y 10 millones de
personas indocumentadas en el país, muchos de los cuales serían
candidatos para el programa H-5B a través del cual podrían legalizar su
estatus y, después de seis años, conseguir su residencia permanente a
través del programa.
El programa H-5 A
proporcionaría visas a trabajadores extranjeros que desde su país de
origen han solicitado trabajar en los Estados Unidos.
En el primer año se asignarían 400,000 visas
y a partir de ahí se dejaría que el mercado sugiriera el número de visas
disponible para los años subsecuentes.
Se calcula que cada año llegan a los Estados Unidos
300,000 a 500,000 inmigrantes no autorizados.
El programa H-5A ayudaría a reducir ese
número de manera significativa y a reducir la necesidad que tienen los
trabajadores inmigrantes de cruzar el desierto con riesgo de sus vidas.
David Aguilar, director de la Patrulla
Fronteriza, en su reciente testimonio ante el Congreso afirmó que un
programa de trabajadores temporales disminuiría de manera significativa
el número de cruces de la frontera a los Estados Unidos.
Finalmente, los
cambios que se harían al sistema de inmigración de familiares para
permitir un mayor número de visas de reunificación reduciría de manera
drástica los tiempos que un familiar tiene que esperar para obtener una
visa y reunificarse con su familia.
¿Promoverá esta legislación más inmigración
indocumentada, como muchos comentaristas afirman que sucedió después de
la última ley de legalización en 1986?
No, porque la Ley
para un País Seguro y una Inmigración Ordenada es una ley diferente que
la Ley de Reforma y Control Migratorio de 1986 (IRCA por sus siglas en
inglés). La nueva
propuesta reformaría todos los aspectos de nuestro sistema legal de
inmigración y legalizaría "futuros flujos" de inmigrantes.
IRCA sólo legalizó a inmigrantes en los
Estados Unidos y no consideró futuras tendencias migratorias ni las
futuras necesidades de mano de obra en los Estados Unidos.
También crearía un sistema que disminuye el
incentivo que tienen los empleadores para contratar trabajadores
indocumentados porque (1) habría disponible un número menor de ellos,
(2) se penalizaría a los empleadores que lo hagan y (3) habría un
suministro disponible de trabajadores a través del programa H-5A.
Los que se oponen a esta legislación dirán que es
una “amnistía” y que, de aprobarse, afectaría a aquellos que han
esperado en fila por sus visas, lo cual implica que estamos premiando a
aquellos que infringen la ley.
La legislación no
es una “amnistía”, porque no da un estatus de permanencia legal de
manera automática a una persona indocumentada como lo hizo la ley IRCA
de 1986. Por el
contrario, requiere que la persona indocumentada que ya está en el país
trabaje por seis años antes de volverse candidato elegible para
solicitar una residencia permanente en los Estados Unidos.
Y gracias a que deben esperar seis años
antes de hacer su solicitud, no estarían “saltándose la fila” adelante
de aquellos que ya están en el proceso de solicitud.
Aún más, exige que los trabajadores paguen
una multa de $2000.00 para participar en el programa.
También deben demostrar que están
aprendiendo inglés y pasar una rigurosa revisión de sus antecedentes
penales.
No resulta
práctico deportar a 8 o 10 millones de trabajadores indocumentados y si
se hiciera sería en detrimento de la economía de los Estados Unidos.
Un programa de “legalización ganada”, como
el que incluye esta legislación, proporciona un proceso justo que
permite a estos trabajadores permanecer y cambiar su estatus sin
"premiarlos".
¿Permitirá el nuevo programa de trabajadores
temporales que los trabajadores extranjeros quiten los empleos a los
estadounidenses? ¿Hará que los salarios bajen para todos los
trabajadores?
No.
Existen estudios que demuestran que los
trabajadores inmigrantes toman empleos que la mayoría de los
estadounidenses no llenan ni les interesan.
Aún más, el Departamento del Trabajo ha
concluido que los Estados Unidos experimentarán una escasez de mano de
obra para trabajos poco calificados para el año 2008, debido
principalmente a una baja tasa de nacimiento y un mayor nivel educativo
entre los trabajadores estadounidenses.
En 1960, la mitad de los hombres estadounidenses
dejó la secundaria y entró a la fuerza laboral no calificada.
Hoy en día sólo 10% de los nacidos en E.U.
abandonan la secundaria.
Por otro lado, el
Pew Hispanic Center ha encontrado que las empresas de E.U. crean
al año alrededor de 485,000 empleos que pueden ser cubiertos por
trabajadores inmigrantes en importantes industrias como la agricultura,
la producción de alimentos, la de servicios y hospitalidad, la
construcción y otras.
Es más, la
legislación incluye varias medidas que protegen a los trabajadores de
E.U. A los
empleadores estadounidenses se les exigirá que anuncien a los
trabajadores estadounidenses todas las vacantes que tengan con 30 días
de anticipación y deberán contratar a un trabajador que califique para
el trabajo. Se
prohíbe a los empleadores contratar trabajadores extranjeros para
reemplazar a trabajadores en huelga o a trabajadores recién despedidos.
Un programa de
legalización y un programa de trabajadores temporales ayudaría a
mejorar los salarios tanto de los trabajadores estadounidenses como
de los inmigrantes.
Después que el proyecto de ley IRCA 1986 legalizó a
2 millones de trabajadores, los salarios se incrementaron para los
trabajadores extranjeros y los estadounidenses en industrias específicas
poco calificadas.
Al reducir el número de trabajadores indocumentados que, debido a su
incapacidad para reclamar sus derechos en el centro de trabajo, son
forzados a tomar salarios por debajo de lo que paga el mercado y sin
protecciones, los salarios se incrementan de manera consistente para
todos los trabajadores.
¿Y qué hay sobre el cumplimiento de la ley en la
legislación? ¿Es
justo y humano? ¿Protegerá también nuestra seguridad nacional?
Existen varias
disposiciones relacionadas al cumplimiento de la ley en este proyecto.
En el testimonio enviado al Comité Judicial
del Senado, el Obispo Gerald Barnes, presidente del Comité sobre
Migración de la USCCB, afirmó que cualquier régimen de vigilancia debe
ser “enfocado, proporcional y humano”.
En primer lugar,
la legislación incluye un sistema de confirmación de elegibilidad de
empleadores, que será administrado por la Administración de Seguridad
Social, la cual requiere que el empleador verifique el estatus del
trabajador que están empleando o se verán sujetos a altas multas
monetarias. Hay
severas penalizaciones a empleadores por infringir las leyes de
inmigración de manera deliberada. Esto
asegurará que el sistema esté basado en la legalidad y no en la
ilegalidad.
En segundo lugar,
la legislación se enfoca en la vigilancia de la frontera al incrementar
el uso de la tecnología, incluyendo sistemas aéreos no tripulados y
obliga un proceso por medio del cual el Departamento de Seguridad
Interior continuará monitoreando y satisfaciendo las cambiantes
necesidades de vigilancia a lo largo de la frontera.
Se espera que con la adopción de un nuevo
programa de trabajadores temporales, las necesidades de vigilancia en la
frontera se reduzcan con el tiempo.
La legislación también exige el desarrollo de un
plan que se enfoque en las operaciones de tráfico y contrabando.
En cuanto a la
protección de la seguridad nacional, exige a aquellos que participan en
los programas H-5A y H 5-B a “salir de las sombras” y registrarse con el
gobierno y pasar una revisión de antecedentes penales antes de entrar al
país. Esto es visto
como un buen método para aislar a posibles terroristas.
¿Qué hay
acerca de atender las causas que origina la migración?
La legislación
motiva al gobierno de E.U. a trabajar con los países que envían
trabajadores para ayudarlos a desarrollar sus economías, especialmente
en aquellas industrias que emplean trabajadores poco calificados.
También alienta
la cooperación bilateral con México para incrementar en ese país el
acceso a los servicios de salud para trabajadores poco calificados y sus
familias.
¿En qué
son diferentes la Ley para un País Seguro y una Inmigración Ordenada y
la Ley para una Vigilancia Integral e Inmigración de 2005, recientemente
presentada por el Senador John Cornyn y el Senador Jon Kyl?
La Ley de
Vigilancia Integral e Inmigración de 2005 (CEIRA por sus siglas en
inglés) no incluye muchas de las disposiciones que contempla la Ley para
un País Seguro, como las disposiciones para legalizar trabajadores
indocumentados que están en Estados Unidos, ni tampoco atiende el
problema de acumulación de visas para unificar familias.
También contiene muchas disposiciones de
vigilancia las cuales dañarían de manera injusta a inmigrantes,
refugiados y buscadores de asilo.
Específicamente,
CEIRA exige que los trabajadores indocumentados que viven actualmente en
los Estados Unidos soliciten una salida obligatoria a su país de origen
y regresen a casa antes de inscribirse a un nuevo programa de
trabajadores temporales.
Después del primer año que el trabajador no
solicita la salida obligatoria, se le aplica una multa de $2,000 al
reingreso, la cual se aumenta en los años siguientes.
El programa de trabajadores temporales
otorga una visa por dos años a un trabajador, quien debe regresar a casa
por un año después de su expiración. Los
miembros de las familias no pueden hacer visitas con una duración mayor
de 30 días cada año.
No hay acceso a un estatus de permanencia legal
bajo el programa de trabajadores temporales.
Además, CEIRA
incluye muchas disposiciones preocupantes de vigilancia.
Amplía el proceso de remoción expedita a
todos los puntos de la frontera, la cual permite la remoción de
potenciales candidatos a buscar asilo sin la aplicación de los filtros
apropiados. También
autoriza a policías locales vigilar el cumplimiento de las leyes de
inmigración.
Esencialmente, la
propuesta Cornyn-Kyl enfatiza la vigilancia como un factor que disuade
la entrada ilegal.
Se ha visto que la vigilancia por sí misma no disuade a aquellas
personas que están desesperadas por reunificar a su familia y por
aprovechar las oportunidades de trabajo, por lo que esta legislación no
podrá prevenir la siempre creciente población de personas
indocumentadas.
Preparado por:
Office of Migration and Refugee Policy,
Migration and Refugee Services, U.S. Conference of Catholic Bishops
12 de agosto de 2005 |
