¿Acaso los millones de
ilegales en este país no significan un riesgo potencial en materia
de seguridad? ¿No deberíamos deportarlos?
Las implicaciones
económicas de semejante proposición, tanto en términos del costo al
asumir dicho esfuerzo, como de las ramificaciones por la pérdida de
tantos millones de trabajadores de los cuales nuestra economía
depende, la hace imposible. Los obispos Católicos creen, sin
embargo, que al ofrecer a los inmigrantes indocumentados una vía
legal para la residencia permanente, los hará presentarse ante las
autoridades. Por razones de seguridad, sería mucho mejor saber
quiénes son estos individuos y ofrecerles una oportunidad para salir
de la sombra.
Nuestro país está en
guerra contra el terrorismo, ¿no deberíamos cerrar por completo
nuestras fronteras?
Los obispos católicos
creen, como muchos otros que han estudiado objetivamente la cuestión
de la aplicación de ley fronteriza, que ninguna estrategia de ley
fronteriza sería eficaz en mantener a la gente determinada en
entrar, fuera de los EU, a menos que se combine con cambios en la
política dirigidos a trabajar por aquellos factores que obligan a
los inmigrantes a venir aquí.
Desde 1993 hasta el 2004,
el gasto por la aplicación de ley fronteriza prácticamente se
cuadriplicó. Aún así, el número de entradas no-autorizadas se
incrementó. Además, las estrategias de aplicación de la ley
fronteriza en los EU han encauzado a los inmigrantes a buscar puntos
de cruce más remotos, aumentando las fatalidades y la expansión de
“coyotes” y traficantes, y reduciendo las oportunidades de
detención.
El asunto de seguridad
nacional podría satisfacerse de mejor manera al tener un sistema
migratorio que permita a los inmigrantes bien intencionados la
oportunidad de entrar de manera más frecuente a través de medios
legales, permitiendo de ese modo que los recursos de aplicación de
ley se vean enfocados en terroristas potenciales, contrabandistas y
otros criminales que trataran de alterar y manipular el sistema para
lograr entrar.
22 de
agosto del 2005
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